El siguiente artículo apareció en inglés en el número 74 de Proletarian Revolution (primavera 2005).
8 de marzo de 2005
La lucha en Bolivia ha sido enfrentada por una siniestra amenaza política orquestada por el presidente Carlos Mesa. Hace apenas año y medio, las masas bolivianas marcaron su historia al derrocar al odiado presidente neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada. En octubre del 2003, la revuelta tuvo su foco en el altiplano occidental, cerca de la ciudad capitalina de La Paz. La revuelta concentró sus demandas en la nacionalización de las reservas de gas natural. Los obreros y campesinos también vieron su levantamiento como lucha contra la opresión en un país mayoritariamente indígena con una larga y horrible historia de racismo.
La acción concertada de los pueblos indígenas, principalmente aymará y quechua, detuvo en ese momento la venta de las reservas de gas de Bolivia. Pero los dirigentes engañosos de los obreros y campesinos hicieron un trato que aseguró una transferencia estabilizadora del poder de Sánchez de Lozada a su vicepresidente, Carlos Mesa. Esa traición frenó el impulso revolucionario de la lucha. (Ver La inconclusa revolución boliviana.) Esta dejó el destino de las reservas de gas de Bolivia en manos del Congreso y sentó las bases para la crisis actual.
Al momento de publicar este artículo, la escena política boliviana cambia rápidamente. El 5 de marzo, frustrado por la demora del Congreso al no pasar una nueva ley de hidrocarburos, Mesa amenazó con su renuncia. El 8 de marzo, la mayoría de los partidos se presentaron a una sesión del Congreso para representar la farsa de rechazar su renuncia; también aceptaron un Acuerdo Ante La Nación que Mesa exigía como condición para permanecer en el poder. Mesa exigió la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos de su agrado, leyes conducentes a una asamblea constituyente, nuevas elecciones de gobernadores departamentales y un plebiscito sobre la autonomía departamental. Mesa también convocó a una manifestación el 10 de marzo destinada a recuperar apoyo contra las protestas de masas y los bloqueos de rutas que, según él, habían creado el “caos” en el país.
La amenaza táctica de renunciar de Mesa parece haber tomado desprevenidos a todos los sectores del movimiento popular. Sin embargo, los movimientos de masas considerados en su totalidad han estado retrocediendo desde hace algún tiempo. En particular, la unidad cohesiva que se desarrollaba se disipó al permitírsele asumir el poder a Mesa. De nuevo, los engañosos dirigentes de los obreros y campesinos fueron los responsables por la falta general de acciones unitarias que facilitaron la maniobra de Mesa.
El más reciente indicio de que el gobierno de Mesa planificaba un gran ataque contra las masas fue su trato de las demandas reaccionarias surgidas del departamento de las llanuras orientales de Santa Cruz. Esta región ha sido desde siglos el bastión de la reacción y el racismo de Bolivia. Un comité cívico ha estado exigiéndole al gobierno central la “autonomía”: demandándole la continuación de la economía existente, sin la obstaculización de la obtención de ganancias por el capitalismo en general, y el control de las multinacionales sobre las reservas de hidrocarburos en particular. Santa Cruz cuenta con gran parte de la industria de la nación, más de la mitad de los pozos petroleros y casi una tercera parte de la producción económica general. El vecino departamento de Tarija cuenta con casi la totalidad de las reservas del gas natural.
Los motivos económicos de los grupos comerciales y políticos de Santa Cruz se encuentran entrelazados con una descarada hostilidad racista hacia todos los grupos indígenas y hacia las demandas de los obreros y campesinos. El perfil étnico de las densamente pobladas alturas bolivianas es principalmente indígena, mientras que las llanuras son habitadas por una mayor población de mestizos. La actividad económica de la altura está centrada en los mercados locales y sobre una multitud de pequeños negocios, que incluye la industria ligera, mientras que la llanura está orientada principalmente hacia la exportación (incluyendo una significativa exportación ilegal de pasta de coca y cocaína).
Pero no son sólo las reservas de gas natural de Bolivia las que corren peligro de ser usurpadas. Las demandas centenarias a favor de los derechos de los indígenas, expresadas a menudo mediante llamados por la autonomía territorial, han sido contrapuestas por la elite de Santa Cruz con sus muy diferentes y engañosas demandas de “autonomía”. Para este sector oriental de la clase dominante, su demanda de “autonomía” es simplemente un enmascaramiento para la defensa de la superexplotación de Bolivia por imperialistas foráneos que les proveen el sustento financiero a estos capitalistas compradores bolivianos.
Desde hace décadas, el poder económico de Bolivia se ha desplazado hacia el oriente al agotarse las minas de estaño occidentales. La economía se concentró en la extracción del petróleo, abundante en el oriente, y más recientemente en las reservas de gas que se han descubierto. Además, el oriente desarrolló exitosamente operaciones de exportación agrícola, especialmente la soya. Las exportaciones occidentales todavía se centran en los minerales, cinc, plata, estaño y otros.
Las raíces políticas de esta profunda desigualdad se pueden encontrar en la abortada Revolución Boliviana de 1952, donde un gobierno frentepopulista dirigido por el partido radical burgués Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se instaló en el poder sobre los hombros de los mineros revolucionarios del estaño, y también otros obreros y los campesinos. Firmemente establecido en el poder, el MNR comenzó a atacar a las masas. (Ver nuestra publicación: Bolivia: The Revolution the “Fourth International” Betrayed, para un estudio más amplio.)
El aspecto fundamental del programa consistió en que sólo las tierras improductivas, los llamados "latifundios", fueron expropiadas. Generalmente significó que las tierras occidentales menos productivas se entregaron al campesinado, y solamente en pequeñas parcelas. Los esfuerzos de desarrollo económico reales en el campo se concentraron en las muy fértiles pero escasamente pobladas llanuras orientales. Esta política agraria doble reflejaba los intereses del imperialismo norteamericano que financiaba gran parte de este desarrollo. De esta manera, las políticas del MNR sentaron las bases para el desarrollo oriental altamente polarizado: prósperos propietarios blancos y mestizos, dueños de grandes empresas y negocios agrícolas, con mano de obra rural indígena; pequeños granjeros en el sector inferior.
Hubo una situación en cierta forma paralela durante la nacionalización de las minas de estaño en 1952 por el MNR. En ese caso se nacionalizaron las minas de las tres compañías principales, las que fueron indemnizadas (como lo fueron los latifundistas por el programa de reforma agraria). Luego, el régimen del MNR agotó los fondos del sector estatal minero para favorecer al sector petrolero oriental.
Sin duda, un factor importante en el desarrollo de la política y negocios orientales ha sido la ausencia de sindicatos de obreros y campesinos poderosos que interfirieran con este proceso. Sobre esta base histórica, el oriente se desarrolló en la región más descaradamente racista, anti obrera y anti campesina, lo que concuerda con el hecho de que la totalidad de la clase dominante boliviana se asienta sobre una atrincherada jerarquía racista. En simples palabras, si uno tiene piel oscura, muy probablemente viva una vida miserable.
A pesar de las descaradas deficiencias de la nacionalización burguesa, la revolución de 1952 se vio obligada a conceder importantes victorias a la clase obrera: trabajos y estándares de vida garantidos, particularmente en el sector minero. Los logros se desgastaron con el tiempo y luego, en 1985, fueron anulados con el cierre de la mayoría de las minas, despidos masivos y la total implementación por un gobierno del MNR de un drástico programa neoliberal.
Al descubrirse las muy valiosas reservas de gas natural hace pocos años, las masas vieron la necesidad de luchar en contra de otra operación de asalto y saqueo burgués como aquellas que han caracterizado a la gran parte de la historia de Bolivia. Por eso, en octubre de 2003, organizaron una resonante huelga en contra de décadas de superexplotación y opresión. Pero debido a la traición de la revuelta de masas y de los sucesos que siguieron a través del año 2004, el sector de Santa Cruz de la clase dominante pudo avanzar decididamente al frente para fines del otoño pasado. Esto a su vez le hizo más fácil a Mesa comenzar a presentarse como la voz de la razón, como si él se estuviera oponiendo a demandas imposibles de ambos lados. En realidad, su engaño era bastante evidente. A pesar de los conflictos regionales dentro de la clase dominante, todos sus sectores están unidos en la necesidad de una continuada dominación imperialista de Bolivia y en mantener una clase dominante de blancos y mestizos en el poder, por encima de las masas indígenas y obreras, orientales y occidentales.
Sin embargo, la campaña de autonomía de Santa Cruz era conocida por sus denuncias contra Mesa. (La clase dominante de Santa Cruz anunció el 7 de marzo que “aceptaba” su renuncia.) Esto motivó una respuesta entre algunas de las organizaciones campesinas más moderadas que consideraban a Mesa como el menor de los males y la necesidad de defender el actual centro político del estado capitalista. El eje de obreros y campesinos, ejerciendo su poder en los departamentos andinos occidentales y del Valle Central, han sufrido la ausencia de una dirección valiente y un programa adecuado para enfrentarse ni a Santa Cruz ni a Mesa.
Evo Morales es bien conocido internacionalmente como el líder de los cultivadores de coca y como el candidato presidencial que fue decisivo para que Mesa lograra la presidencia. Morales ha continuado desempeñando un papel central. De acuerdo con el trato de octubre de 2003, la cuestión de los recursos de gas iba a ser resuelta por un plebiscito cuyos resultados serían inapelables. Cuando el presidente Mesa reveló en mayo pasado que el plebiscito no presentaría la opción de nacionalización, el movimiento revivió. Pero Morales, que encabeza el partido reformista burgués Movimiento al Socialismo (MAS), respaldó a Mesa y su fraudulento plebiscito. Los principales oponentes de Morales eran la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por Jaime Solares, y el sindicato afiliado de campesinos, Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dirigida por Felipe Quispe. Estas fuerzas convocaron a un boicot y acción de masas, mientras que Morales y el MAS apoyaron al plebiscito. El boicot de los sindicatos fracasó y el pleisbicito se realizó.
Esto, sin embargo, obligó a Mesa a presentar una propuesta concreta al Congreso. Un sector de las masas había creído que el plebiscito iba a resultar en la nacionalización. Pero cuando Mesa reveló su propuesta real a comienzos de septiembre, este sector estalló nuevamente. El plan claramente permitía que compañías extranjeras continuaran explotando los recursos de gas de la nación.
En ese momento, Morales hizo un giro hacia una postura opositora, tratando de encabezar al movimiento en contra de la propuesta de Mesa, al mismo tiempo que lo contenía. Las manifestaciones fueron mucho más grandes después que Morales se uniera a la oposición, demostrando que el MAS tenía influencia no sólo entre la población rural y los cultivadores de coca, sino también entre los obreros, sindicalizados e independientes. Morales presentó una versión más de izquierda que el proyecto de ley de Mesa, que también descartaba la nacionalización pero aumentaba los términos de pagos por derechos y presentaba la posibilidad de renegociación de los contratos. Morales publicitó su propuesta como una forma de nacionalización, y así obtuvo apoyo.
Para este entonces, el movimiento que se encontraba unido en octubre de 2003 en su campaña para detener la venta de gas, se encontraba dividido y confuso. Esto no se debe únicamente a Morales; ocurrió por la ausencia de un programa definido de nacionalización entre las direcciones sindicales más izquierdistas, a quienes las masas también habían acudido en busca de liderazgo.
Todos los sectores del capitalismo boliviano se oponen a cualquier proyecto de ley que realmente desafíe el status quo. Los Estados Unidos, el Banco Mundial y los inversionistas extranjeros, todos ellos se oponen a las demandas de las masas. El Brasil, bajo el Partido de los Trabajadores de “Lula” da Silva ha desempeñado un papel importante en apoyo a Mesa, y al defender las grandes inversiones de su compañía petrolera estatal, Petrobras, en Bolivia. Néstor Kirchner, de Argentina, también lo ha apoyado. Hasta el supuestamente “revolucionario” Hugo Chávez, de Venezuela, también apoya a Mesa contra las masas de Bolivia.
Algunos sectores de las masas adoptaron una actitud de “veamos qué pasa” con respecto al proyecto de la ley de hidrocarburos que se debatía y despedazada en el Congreso durante largo tiempo. Hubo una creciente presión para “cerrar el trato” con el propósito de mantener la estabilidad y las inversiones. Y esto significaba que había que buscar una forma de sofocar los movimientos de masas. Por eso Mesa amenazó con su renuncia. éste fue un intento necesario para movilizar a sus seguidores de la clase media, frustrados por las prolongadas protestas sin una solución a la vista, como también para dividir a los movimientos de obreros y campesinos. También tenía la intención de propinarle un golpe significativo al prestigio de Morales. A pesar de haber denunciado correctamente como racistas las amenazas de Mesa en contra de los movimientos de masas, el MAS de Morales votó junto con la mayoría de los partidos tradicionales en contra de aceptar la renuncia de Mesa. (El partido de Quispe, el Movimiento Indígena Pachakuti, votó para aceptar la renuncia.) Tanto el MAS como el MIP se retiraron de las subsiguientes negociaciones sobre el Acuerdo Ante La Nación.
También está la cuestión de la largamente prometida asamblea constituyente. Gran parte de la población indígena ha esperado que esa asamblea, al modificar la constitución, tendría en cuenta sus reclamos de derechos territoriales y de autogobierno. Ellos esperan algún tipo de fórmula de poder compartido que significaría que tendrían una verdadera voz en la organización de sus propias localidades y sobre cómo Bolivia en su totalidad es gobernada. Pero la condición del capitalismo boliviano, como es ahora patentemente claro, sólo permite dos posibilidades. Una es que la asamblea constituyente seguirá siendo postergada permanentemente, o que será convocada con el propósito de crear otro fraude seudo democrático, como el “plebiscito” sobre el gas. Parece probable que, al menos, el plan de Mesa es conseguir que se apruebe su proyecto de ley de hidrocarburos y otorgarle a las elites de Santa Cruz y otras regiones lo que quieran en términos de “autonomía”, antes de realizar la asamblea para supuestamente conceder más derechos a los indígenas oprimidos.
Desde que Mesa alcanzó el poder, la COB y CSUTCB han apoyado la protesta política al tiempo que hacen derroche de retórica sobre la gran “alternativa” de la asamblea constituyente. Pero en este momento no existe un poder evidente para convocar una alternativa de ese tipo, que atraería la atención de las masas. Por ejemplo, El Alto, la ciudad proletarizada aymará cerca de La Paz que ha sido el centro de la lucha, ha continuado la mas firme y radical en su actividad. Pero todavía no ha sido capaz de producir una dirección identificada para dirigir la lucha general.
Hasta principios de marzo, cuando Mesa realmente mostró su verdadera cara que era cualquier cosa menos un verdadero demócrata, las masas parecían concentrarse en sus demandas para que Mesa convocara una asamblea constituyente. Para los auténticos revolucionarios, la participación en esfuerzos burgueses como elecciones parlamentarias y asambleas constituyentes no están prohibidas, siempre y cuando estas plataformas se utilicen para denunciar al mismo proceso y para denunciar y oponerse a todos los programas capitalistas. La participación revolucionaria es puramente táctica, basándose en el movimiento de masas y la necesidad de intervenir en foros que atraigan la atención política de las mismas masas. La atención política de las masas obviamente es fluida. Una cosa segura es que la firme defensa de los derechos de los indígenas será crítica para construir la unidad en contra de Mesa en este momento.
Dada la naturaleza de esta coyuntura, caracterizada principalmente por la ausencia de una dirección definida de las masas, no es sorprendente que las fuerzas de la reacción orientales usen la apertura creada por la debilidad de los movimientos de masas para flexionar su músculo político. Su gran oportunidad llegó el 31 de diciembre. Como resultado de las demandas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, subieron los precios de la gasolina, el kerosén y del diesel. La respuesta fueron movilizaciones masivas en las principales ciudades. El Alto comenzó una huelga general indefinida el 11 de febrero, dirigida por la Federación de Juntas Vecinales que fue un elemento clave en el 2003. La huelga también presentaba una demanda local para expulsar a una compañía francesa proveedora de agua, Aguas de Illimani. Mesa cedió en esto, temporalmente. Pero mientras El Alto estaba celebrando su victoria, el comité cívico de los empresarios de Santa Cruz ha realizado el 12 y el 13 de enero una “huelga general” dirigida por los comerciantes que fue de las más grandes de todas las movilizaciones, aún más grande que una “huelga” similar en noviembre.
La movilización a favor de los comerciantes se oponía a los aumentos de precios solo superficialmente pero su verdadero blanco fue el cumplimiento de la demanda reaccionaria de autonomía para Santa Cruz. La supuesta “huelga” fue seguida por movilizaciones progresivamente más grandes y luego una victoria concreta. Mesa, bajo presión, prometió que se realizarían elecciones directas para prefectos departamentales en junio. (Previamente, los prefectos eran nombrados por el gobierno central en La Paz.) También tendría lugar un plebiscito inapelable sobre la autonomía. Mesa luego reorganizó su gabinete para dar una mayor voz a los intereses de los empresarios orientales. Fue claro que Mesa estaba listo para capitular frente a Santa Cruz.
Santa Cruz se ha opuesto con vehemencia a una asamblea constituyente, ya que las demandas para la “autonomía” de Santa Cruz entrarían inevitablemente en conflicto con las demandas de autonomía de las poblaciones indígenas. Santa Cruz utiliza la suprema amenaza de secesión si no obtiene lo que desea.
El liderazgo del comité cívico de Santa Cruz está estrechamente vinculado con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO). La larga lista de sus miembros incluye compañías de gas con contratos en la región, como Petrobras (Brasil), Repsol-YPF (España) y Enron (EE.UU.), todas las cuales tienen representantes en la junta de CAINCO. También se ha informado que CAINCO ha provisto apoyo para las actividades de la Nación Camba, un grupo de extrema derecha que pide la separación de la región y dice tener 40,000 miembros, principalmente blancos y mestizos de Santa Cruz y del vecino departamento de Tarija. La sección juvenil del grupo ya es conocida por sus ataques violentos a marchas indígenas.
Es inquietante que los obreros parecen haber apoyado en noviembre y enero las “huelgas” por la autonomía dirigidas por comerciantes. Los obreros y empleados en los sectores de hidrocarburos y de la banca, ambos vitales para la economía oriental, están entre los mejor pagos del país. Hay una tendencia dentro de la aristocracia laboral de todos los países de identificarse con las metas racistas y pro imperialistas de sus patrones; Bolivia no es una excepción. Pero hay muy poca discusión en la izquierda de Bolivia y del resto de Latinoamérica sobre cuál debe ser la estrategia política a seguir para ganarse al menos una parte de los obreros urbanos e industriales orientales. Hubo bloqueos y hasta cierres de gasoductos por obreros agrícolas y campesinos en contra de las compañías de petróleo y de gas. Sin embargo, las poblaciones indígenas orientales no tienen el poder que los aymarás y quechuas han demostrado en el occidente.
En este momento se debe forjar una estrategia para construir una alianza nacional de obreros e indígenas. ésta es la única manera de derrotar la agenda de Santa Cruz y de derrotar a Mesa, quien no sólo capitula frente a Santa Cruz sino que también se ha convertido en el peligro más inmediato para las masas de toda Bolivia. El hecho de que tanto los obreros orientales como los occidentales se movilizaron recientemente en contra de los aumentos de la gasolina impuestos por el Fondo Monetario Internacional es sólo una indicación de que hay una base para la unidad de clases, a pesar de los esfuerzos de los patrones para cultivar una falsa unidad multiclasista basada en el racismo y el chauvinismo regional. La unidad en acción debe lograrse sin hacer concesiones políticas. Para crear una defensa poderosa es esencial la dirección de la clase obrera de un frente unido de trabajadores y campesinos de todas las regiones.
Los revolucionarios deben comenzar a concentrarse en aquellos obreros de todas las regiones que ya tienen una conciencia política y que pueden ser ganados inmediatamente para la importante tarea de construir un partido leninista. Para forjar este partido, la claridad de un programa básico es esencial.
El imperialismo no ha permitido el desarrollo de una economía verdaderamente centralizada en Bolivia, y esto continúa siendo una verdadera necesidad de las masas de todas las regiones. Un estado obrero nacionalizaría los hidrocarburos, la minería, la banca y otros sectores vitales sin dar a los imperialistas y a la burguesía compradora ninguna indemnización. El estado obrero también implementaría una completa reforma agraria. Establecería un monopolio nacional centralizado sobre el comercio exterior. Repudiaría la enorme deuda a los imperialistas; únicamente los pagos de la deuda llegan al 30 por ciento de todo el presupuesto nacional. Estas medidas establecerían las bases para un verdadero programa de industrialización en Bolivia. Solamente a través de este tipo de medidas se puede garantizar la creación de un estándar de vida decente para todos; esto incluye atención médica gratis, educación y servicios de bienestar sociales. El plan socialista contaría con un completo programa de proyectos de servicios públicos lo que significa que no sólo garantizaría trabajo para todos, sino que, por primera vez, daría agua, electricidad, calefacción, sanidad y transporte para toda Bolivia.
Cuando los obreros de avanzada cuentan con un programa socialista, como el delineado anteriormente a grandes rasgos, tienen cuando el momento sea oportuno la base para tácticamente acercarse y ganarse a otros obreros en marcha. Es obvio que no se puede atraer de manera instantánea a la mayoría de los obreros hacia la totalidad del programa de la revolución socialista y el estado obrero. En estas situaciones, los trotskistas utilizan un sistema de demandas transitorias. Por ejemplo, demandas como la “nacionalización de industrias claves sin indemnización” y “control de la industria por los obreros” pueden ser muy efectivas para articular las metas objetivas con las que los obreros pueden identificarse. Los obreros ya ven la ventaja de la nacionalización y ciertamente pueden ver la ventaja inmediata de no indemnizar a los capitalistas chupasangres, despreciados por la gran mayoría obrera. Nosotros declaramos abiertamente como la única solución la necesidad de una revolución socialista y apoyamos la nacionalización de los hidrocarburos y de otras industrias importantes bajo un estado obrero.
En Bolivia, donde el MAS y hasta los líderes sindicalistas de retórica izquierdista han sembrado una gran confusión sobre lo que significa la nacionalización del gas, es esencial una propaganda clara que explique la importancia revolucionaria de esta demanda, incluyendo la necesidad del estado obrero. De la misma manera, puede ser tácticamente vital comenzar una lucha sobre la indemnización y sobre el derecho de los obreros y los oprimidos para que éstos puedan al menos supervisar cualquier intento de nacionalización que ocurra bajo un estado capitalista; estas luchas pueden comenzar a romper el vínculo de las masas con sus direcciones oportunistas. A través de la lucha unida por estas demandas de transición, los revolucionarios tienen la oportunidad de demostrar las verdades revolucionarias en la práctica. Se necesita desesperadamente un partido revolucionario centralizado que represente la alternativa de la clase obrera socialista.
En los movimientos de masas existentes, las demandas por un poder local descentralizado y por la autonomía han coexistido con las fervientes demandas por la nacionalización del gas y un programa de industrialización, las que, correctamente entendidas, son demandas claves frente al poder del estado central. Mientras que las fuerzas burguesas explotan estas contradicciones y las usan para confundir a las masas, una política revolucionaria debe “decir la verdad” y "llamar a las cosas por su nombre".
A pesar de la necesidad de un estado centralizado, ningún auténtico comunista puede ser indiferente al anhelo por una autonomía frente al actual poder del estado de los grupos indígenas oprimidos. Una estrategia proletaria debe bregar con esto y resolver la aparente contradicción de una manera sincera.
Para los revolucionarios internacionalistas, la oposición al imperialismo mundial y la necesidad de autodeterminación de Bolivia en particular, exige un programa centralista. Pero este programa tiene que ser probado en la práctica, especialmente por los pueblos indígenas que han sufrido quinientos años bajo el colonialismo y el imperialismo. Por esta razón, los leninistas luchan por los derechos democráticos de los grupos oprimidos. En Bolivia, las luchas han demostrado que no es apropiada la secesión para ninguna de las poblaciones indígenas que desean la autonomía. Pero el mismo espíritu leninista que históricamente se ha utilizado para apoyar el derecho de secesión de las naciones oprimidas debe ser invocado cuando se trata de la demanda de autogobierno expresado en sus demandas de autonomía.
Por consiguiente, los revolucionarios deben defender enérgicamente el derecho de autonomía de los pueblos indígenas. Desde los áymaras en al altiplano occidental hasta los guaraníes y muchos otros pueblos minoritarios en las tierras bajas orientales, importantes sectores que en la actualidad no tienen ninguna esperanza de ver una nación boliviana equitativa y que por consiguiente desean alguna forma de autogobierno en las regiones históricamente propias.
Al igual que con el derecho de la autodeterminación nacional y el de secesión, nuestro reconocimiento del derecho de los grupos oprimidos de elegir la autonomía significa un total rechazo de las demandas para la autonomía de cualquier sector de los opresores. Tampoco significa que debemos defender la autonomía como la mejor manera de avanzar de los oprimidos en situaciones específicas. Simplemente significa que nosotros defendemos el derecho de los oprimidos de tomar esta decision. Los revolucionarios luchan hombro con hombro con los oprimidos en sus luchas, al mismo tiempo que indican que la centralización bajo un estado obrero es la única solución real.
La defensa en abstracto de la autonomía regional es una estrategia peligrosa en Bolivia en este momento, como lo han probado ampliamente los sucesos en Santa Cruz. Los revolucionarios deben defender el derecho de los pueblos indígenas oprimidos de continuar sus luchas específicas por la autonomía, y al mismo tiempo hacer un llamado de advertencia sobre los llamados para la autonomía regional de todos los departamentos.
Es necesaria una revolución socialista para derrocar al capitalismo comprador de Bolivia y sus vínculos con el imperialismo. El desarrollo de una revolución socialista requiere la formación de un partido trotskista internacionalista. Su meta es el estado obrero, dirigido por un gobierno de obreros y campesinos, comprometido en erradicar de la sociedad de Bolivia el racismo contra los indígenas.
La capacidad de los obreros para llevar a cabo este programa depende no sólo de la alianza más fuerte posible con el campesinado y los pueblos indígenas, sino también en la propagación internacional de la lucha. En particular, la demanda por el repudio de la deuda es clave para la estrategia internacionalista; cuya ausencia es bien notable en la situación boliviana. El repudio de las deudas de Bolivia está diseñado para ganar un tremendo apoyo de las masas de todas partes, las que están sufriendo bajo el peso de las mismas deudas. Esto podría hacer estallar una reacción en cadena a través de toda Latinoamérica.
La lucha de las masas por la nacionalización es atacada no sólo por los capitalistas locales y los imperialistas, sino también por los regímenes “de izquierda” vecinos, como el de Lula, en Brasil, y el de Kirchner, en Argentina. Mesa solo no puede resolver los problemas subyacentes, ni siquiera mantener a raya a los movimientos por mucho tiempo. Estos regímenes vecinos son también las fuerzas que más probablemente intervengan y representen al capitalismo de Estados Unidos en las confrontaciones que se avecinan. Sólo se puede detener este peligro fomentando la solidaridad con las masas de todos los países vecinos, inclusive haciendo un llamado a la necesidad de apoyar las luchas indígenas al nivel internacional. Combatir el antiguo sentimiento chauvinista anti-chileno es una aguda necesidad.
Este artículo sólo puede esbozar algunas perspectivas básicas. A pesar de los obstáculos presentes, las masas no han sido derrotadas ni se consideran a sí mismas derrotadas por completo. Y el aumento en los ataques también está forzando una nueva ola de resistencia. Por consiguiente, se puede esperar un nuevo levantamiento del nivel de la revuelta del año 2003, que originalmente comenzó como una medida defensiva. Dado los ataques que ya se están organizando, es imperativo que los revolucionarios luchen para el armamento de los obreros y campesinos. Se debe aprovechar cualquier oportunidad de demandar de las direcciones oportunistas de las masas que defiendan las luchas actuales. Los líderes sindicales reformistas y centristas y sobre todo Morales, deben ser denunciados sin cesar hasta que puedan ser reemplazados. En las luchas de hoy son vitales las campañas para frentes unidos y acciones solidarias.
Hoy día, aun una pequeña cantidad de cuadros revolucionarios, armados con un verdadero programa marxista, puede ser la clave para formar el partido de vanguardia bolchevique para los levantamientos que se avecinan en Bolivia. La LRP y la OCCI se esfuerzan para tener un papel en la nueva creación de la Cuarta Internacional revolucionaria en un esfuerzo para apoyar este desarrollo.